Tepic, Nayarit; 20 de mayo de 2026

Durante muchos años, hablar del sistema de pensiones en México fue casi un tema prohibido. Ningún gobierno quería asumir el desgaste político de abrir una discusión incómoda que inevitablemente toca intereses sindicales, privilegios históricos y estructuras que durante décadas se volvieron intocables.

Era más sencillo dejar el problema para después.

Pero el “después” finalmente llegó.

Esta semana, la OCDE volvió a advertir sobre la presión que los sistemas pensionarios representan para las finanzas públicas. El envejecimiento de la población, el aumento del gasto y los esquemas insostenibles están obligando a muchos gobiernos a tomar decisiones que antes evitaban.

La pregunta de fondo ya no es si debe discutirse el tema.

La pregunta es cuánto tiempo queda antes de que algunos sistemas colapsen.

Y en medio de ese escenario nacional, Nayarit decidió adelantarse a una discusión que otros estados todavía siguen posponiendo.

Porque el problema pensionario en el estado no era solamente financiero. También era profundamente desigual.

Durante años existieron esquemas que permitieron jubilaciones privilegiadas, dobles plazas y pensiones desproporcionadas que llegaron a beneficiar a unos cuantos grupos burocráticos o liderazgos sindicales con montos cercanos a los 100 mil pesos mensuales, mientras miles de trabajadores comunes ni siquiera tenían certeza sobre cómo sería su retiro.

Ahí estaba el verdadero desequilibrio.

Porque cuando un sistema protege excesos para unos cuantos, inevitablemente termina debilitándose para todos los demás. Y tarde o temprano el costo termina pagándose con déficit, retrasos o crisis financieras que afectan precisamente a quienes menos margen tienen.

Por eso el debate no puede reducirse a “quitar derechos” o “afectar conquistas laborales”, como muchas veces se intenta plantear políticamente.

La verdadera discusión es otra: ¿cómo garantizar que las futuras generaciones sí puedan pensionarse?

En ese contexto aparece el Fondo de Ahorro Nayarit (FAN), como parte de una transición que busca introducir algo que antes prácticamente no existía: transparencia y sostenibilidad.

El nuevo esquema de cuentas individuales permite que las y los trabajadores conozcan directamente cuánto aportan, cuánto generan y cómo evoluciona su ahorro para el retiro. Parece algo básico, pero durante muchos años ni siquiera existía claridad sobre el destino de esos recursos.

Ese cambio modifica por completo la lógica del sistema.

El dinero deja de percibirse como una bolsa política opaca y comienza a entenderse como patrimonio individual del trabajador.

Y quizá ahí está uno de los puntos más relevantes de esta transición:
la intención de construir un sistema que sí pueda responder dentro de 10 o 20 años.

Porque el mayor riesgo para la clase trabajadora nunca fue revisar privilegios excesivos.
El verdadero peligro era sostener un modelo que eventualmente se quedaría sin dinero.

Además, el hecho de que el Fondo Soberano Nuevo Nayarit contemple fortalecer el sistema pensionario con parte de sus utilidades refleja una visión distinta: entender que el retiro de los trabajadores no puede seguir dependiendo únicamente de inercias administrativas o decisiones improvisadas.

Claro que habrá resistencias.

Siempre las hay cuando se tocan estructuras que durante décadas beneficiaron a ciertos grupos.

Pero también vale la pena preguntarse: ¿qué resulta más injusto?, ¿revisar excesos o condenar a miles de trabajadores a un futuro incierto?

Porque al final, un sistema pensionario sano no debería existir para preservar privilegios aislados, sino para garantizar tranquilidad y dignidad a toda una generación de trabajadores que dedicó su vida al servicio público.