Tepic, Nayarit; 2 de febrero de 2024
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió amparos a las empresas extranjeras sobre la contra reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hecho que da fe del vaticinio que se le adjudica al entonces presidente Adolfo López Mateos cuando en 1960 nacionalizó la industria eléctrica, al decir entre otras cosas que se tuviera cuidado en el futuro porque malos mexicanos le querrán dar marcha atrás a esta nacionalización.
Y queda claro que así ha estado sucediendo desde que se reformaron los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Carta Magna para favorecer la entrada de capital particular, sobre todo extranjero para comenzar a adueñarse de la electricidad y del petróleo, así como de los ejidos al destrabarse la otrora Reforma Agraria.
¿Cómo es posible que los ministros de la SCJN les den más importancia a las compañías eléctricas extranjeras que al pueblo mexicano? La SCJN aduce que la contra reforma eléctrica de AMLO ya plasmada en el Diario Oficial de la Federación es anticonstitucional, pero lo anticonstitucional fueron precisamente aquellas reformas constitucionales que le quitaron el espíritu social a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eso sí que fue anticonstitucional en plena forma, pues los bienes nacionales, áreas antes consideradas estratégicas para nuestra Nación se ofrecieron en bandeja de plata a la Iniciativa Privada (IP) tanto nacional como extranjera.
¿Qué beneficios le han traído a la población mexicana las privatizaciones llevadas a cabo? Ninguno en sí, sino que más bien los beneficios han sido para unos cuantos que, por lo mismo y tal y como lo dice AMLO, se llegaron a sentir los dueños del país al tener en sus manos aquellas áreas antes consideradas como estratégicas; bienes servicios de todos los mexicanos y no como hoy en día que están en manos de unos cuantos que ven con gran satisfacción crecer sus fortunas a costa de la explotación de los demás mexicanos de a pie.
Por donde quiera que se le quiera ver, AMLO tiene mucha razón al afirmar que, de las reformas constitucionales a partir de Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto, ninguna de estas fue en beneficio de la Nación Mexicana, sino únicamente para la IP nacional y extranjera, sobre todo.
Se nacionalizaron los ferrocarriles y ahora vuelven a estar en manos extranjeras, se nacionalizó la banca y ahora está en manos extranjeras, las minas, ingenios y la telefonía eran del país y ahora están en manos de la IP nacional y extranjera, respectivamente. El campo ya comprende de nuevo grandes latifundios, ya que prácticamente han desaparecido los ejidos y por ende los pequeños propietarios y, los que aún subsisten o sobreviven están bajo el riesgo de los grandes acaparadores y extorsiones para que vendan sus cosechas al precio que les indiquen los especuladores también conocidos como coyotes.
¿Cómo es posible que los ministros de la SCJN en vez de proteger los intereses nacionales protejan más a las compañías extranjeras? Hasta antes de la reforma neoliberal sobre energía México no necesitaba más que ayuda en la tecnología para el desarrollo de la industria energética, pero no teniendo que cederles la propiedad de esta industria, y aun así nuestro país logró salir avante, tal y como había estado sucediendo con la gasolina que, hasta antes de Miguel de la Madrid, México era autosuficiente en la producción de gasolina para el uso cotidiano de los mexicanos; no era necesario tener que importar el combustible. Sin embargo, se dejaron caer las refinerías y toda la industria petroquímica y de ahí la debacle en nuestro país en cuestión energética.
El dinero que se llevan las industrias de energía eléctrica extranjeras debería entrar a las arcas nacionales, por lo que se le debería de dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). ¿Por qué cederle lo que es de la Nación Mexicana, de los mexicanos en sí a esas compañías extranjeras?
Que la IP mexicana entrara para bien de la economía mexicana está bien, pero no las compañías extranjeras que se sabe, se llevan las ganancias en dólares a sus países desfalcando a nuestra Nación con inversiones mínimas, en donde México pone la mayor parte, desde la mano de obra hasta maquinaria, suelo y subsuelo.
En caso de que la SCJN persista en darle la razón a los extranjeros, ¿qué epíteto se les podría adjudicar a esos ministros sumisos al capital extranjero? ¿En cierto sentido se les podría llamar como traidores a la patria?
Sea pues. Vale.
